Bitcoin: La verdad detrás de la supuesta pirámide financiera

En un lapso de tres meses, se han registrado las primeras estafas masivas de criptomonedas en los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, dejando a miles de personas afectadas en toda España. Mientras esto ocurría, El Salvador se convertía en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense, con el objetivo de garantizar la «inclusión financiera» para el 70% de la población que no tiene acceso a cuentas bancarias, crédito, ahorros, ni a transacciones seguras.

Este solo es un pequeño ejemplo de las ventajas y desventajas de las monedas virtuales. Aunque sus beneficios superan a sus imperfecciones, como su tecnología blockchain que está a punto de ser regulada con la esperada aprobación del Reglamento MiCA, su configuración actual permite posibles usos indebidos en el ámbito económico. Al ser un medio de pago descentralizado, no hay ninguna autoridad que se haga responsable de su emisión ni del registro de sus movimientos. Además, la opacidad de sus titulares, la velocidad de las transacciones, la operatividad transnacional y la facilidad de adquisición, promueven la aparición de nuevos modelos de delincuencia, siendo los delitos de estafa y blanqueo de capitales los más frecuentes.

Estos casos tienen en común el esquema Ponzi, una modalidad de estafa piramidal que consiste en captar capital de terceros prometiéndoles grandes inversiones en criptomonedas y altos intereses de hasta el 25%.

Al principio, puede parecer que hay un retorno acordado en la inversión, pero en realidad es una promesa vacía, ya que no hay ninguna inversión que genere ganancias. En realidad, se utiliza el dinero de los nuevos inversores para pagar los altos intereses de los antiguos, lo que significa que el dinero se redistribuye entre los inversores. Por lo tanto, el sistema solo funciona si continúa el crecimiento de la cantidad de inversores en la pirámide; de lo contrario, el estafador no podrá cumplir su objetivo y la pirámide colapsará.

Además de este tipo de estafa, también abundan en Internet los fraudes de las ICOs (Oferta Inicial de Monedas), un método de financiación similar al crowdfunding, que es utilizado comúnmente por las startups que deciden lanzar nuevas criptomonedas (actualmente hay más de 8,000) para recaudar dinero vendiendo fichas digitales (tokens), prometiendo altos rendimientos. Cuando la compañía comienza a generar beneficios, se ofrecerá a los inversores la posibilidad de canjear su criptomoneda por dinero legal.

Además, hay documentos técnicos, planes de negocio y detalles sobre el equipo humano (con enlaces a LinkedIn) que forman parte de la presentación del engaño.

Otro método de estafa, menos sofisticado, consiste en utilizar la notoriedad de personas famosas a quienes se les atribuyen declaraciones falsas (fake news), animando a los lectores a invertir en ciertas criptomonedas a cambio de grandes ganancias.

En este sentido, la CNMV juega un papel muy importante al advertir qué entidades que operan en el mercado de las criptomonedas no están autorizadas para realizar servicios de inversión según lo establecido en los artículos 140 y 141 de la Ley del Mercado de Valores.

Cuando se trata de criptomonedas, la prevención cobra especial importancia porque la recuperación de estos activos no es algo sencillo, no solo por su característico anonimato, sino también por el uso frecuente de testaferros (mixers) y complejos entramados empresariales en terceros países para ocultar las ganancias ilícitas obtenidas, lo que dificulta enormemente el rastreo de las operaciones.

Por lo tanto, junto con la denuncia oportuna de estos hechos, es fundamental adoptar medidas cautelares, como el bloqueo de las cuentas de criptomonedas en las principales plataformas de intercambio con sede fuera de nuestro país (coinbase, kraken, bitstamp, etc.), así como llevar a cabo investigaciones y acceder a archivos financieros y económicos de los estafadores a través del Fichero de Titularidades Financieras (TFT) y otros organismos estatales.

En resumen, los vacíos legales que surgieron hace más de diez años con la aparición de las primeras criptomonedas aún no han sido adecuadamente abordados por los gobiernos. Esta situación continuará hasta que se implemente una regulación específica que desaliente el uso ilegal que favorece el estado actual de las criptomonedas.

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