Los derechos establecidos por las normas laborales son absolutamente intransferibles e incuestionables. Estos derechos tienen como propósito brindar protección y tutela al trabajador debido a la relación socioeconómica desigual que existe entre este y el empleador. Esta asimetría entre las partes involucradas impide que estos derechos puedan ser renunciados o infringidos, ya que eso anularía por completo su efectividad y los convertiría en simples intenciones benévolas.
A finales del siglo XIX se comenzaron a implementar las primeras normativas de protección para las mujeres trabajadoras. El permiso de maternidad se introdujo inicialmente en Alemania, seguido de Bélgica y Francia. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, se implementó en 21 países diferentes, y a medida que las mujeres se incorporaban al mercado laboral, se ampliaron los derechos de protección, incluyendo los permisos maternales.
En España, la regulación del trabajo de las mujeres se basó en razones fisiológicas relacionadas con el embarazo, el parto y la lactancia. La Ley del 13 de marzo de 1900 marcó el comienzo de las normativas de protección. En el artículo 9 se establecía: «No se permitirá el trabajo de las mujeres durante las tres semanas posteriores al parto», aunque sin remuneración. En 1911 se publicó la Ley de la silla, la cual protegía a las trabajadoras embarazadas en las empresas textiles, ya que los médicos habían detectado complicaciones en los partos y enfermedades causadas por realizar trabajos de pie. A los empleadores se les obligó a proporcionar un asiento a las trabajadoras, y posteriormente esta medida se extendió a todos los trabajadores. En 1923 se creó la Caja del Seguro Obligatorio de Maternidad, con el objetivo de proteger el parto, el puerperio y la lactancia, velando por la vida y la salud de las trabajadoras y sus hijos, y evitando la mortalidad y los problemas de salud.
Las leyes posteriores a la constitución han establecido una protección efectiva que se adapta a los tiempos, ampliando el permiso de maternidad también a los padres, lo cual beneficia a toda la sociedad en general.
Es crucial enfatizar que los derechos establecidos en el ámbito laboral son absolutamente irrenunciables e inalienables. No tendría sentido promulgar leyes protectoras si los trabajadores pudieran aceptar condiciones menos favorables que las impuestas legalmente.
Recientemente se ha planteado y difundido la situación del despido de una trabajadora durante su licencia de maternidad. Esta decisión es ilegal. Esto se aplica sin importar el tipo de trabajo. La empresa tampoco puede permitir que la trabajadora realice ninguna actividad, incluso si lo solicita, durante el período de baja por maternidad, sin excepciones. Al finalizar el periodo de descanso, la trabajadora tiene el derecho de conservar su puesto de trabajo. Es importante recordar lo que establece el Estatuto de los Trabajadores: los trabajadores «no pueden disponer de manera válida, antes o después de su adquisición, de los derechos que les son reconocidos por disposiciones legales». Esta prohibición también se aplica al empleador.
Guadalupe Muñoz Álvarez es una Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
