Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, Papeles de Panamá, Bahamas Leaks, Paradise Papers y la lista Falciani son solo algunos de los casos conocidos en los últimos años que han revelado la magnitud y el volumen de dinero que escapa de la fiscalización de los estados. Aunque no hay datos exactos sobre la cantidad de dinero que se mueve en las jurisdicciones no cooperativas, también conocidas como paraísos fiscales, algunos estudios, como el realizado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, estiman que entre el 8% y el 10% de la riqueza financiera mundial se oculta a las autoridades fiscales de los países.
En términos de euros, la cifra de dinero que se baraja, ajena a la economía real y que evade los controles tributarios, asciende a unos 7 billones de euros. Además, este dinero se desplaza hacia estas zonas offshore gracias a complejas estructuras legales y económicas que lo vuelven prácticamente invisible para las haciendas de los países.
Con el objetivo de localizar geográficamente y realizar un seguimiento de los grandes flujos de capital, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado una Orden que determina los países, territorios y regímenes fiscales perjudiciales que se consideran paraísos fiscales bajo el nuevo concepto internacional de jurisdicciones no cooperativas.
Según este nuevo concepto, establecido en la Ley de lucha contra el fraude, se actualiza la lista de paraísos fiscales, que ahora incluye 24 territorios, en comparación con los 48 que figuraban hace más de 30 años. Esta orden se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes.
Con el fin de combatir de manera más efectiva el fraude fiscal, la mencionada Ley amplió el concepto de paraíso fiscal, adaptándolo a la definición internacional de jurisdicción no cooperativa, e introdujo nuevos criterios a tener en cuenta.
Esto implica una actualización de los criterios para determinar qué países y territorios tienen esta consideración, siguiendo las pautas establecidas a nivel internacional, tanto en la Unión Europea como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Según ha explicado el Ministerio de Hacienda, esto «mejora la eficiencia en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales».
La orden publicada en el BOE establece que la lista no está cerrada y se revisará en función de las actualizaciones a nivel internacional y de los avances nacionales. Es especialmente relevante tener en cuenta qué países y territorios están intercambiando información tributaria de manera efectiva con España, ya que la publicación de la lista debe incentivar una mayor colaboración entre países, promoviendo la transparencia y una tributación justa.
La lista de jurisdicciones no cooperativas se ha reducido de los 48 territorios que existían hace 30 años a los 24 países y territorios actuales. La nueva lista incluye a: Anguila, Bahréin, Barbados, Bermudas, Dominica, Fiji, Gibraltar, Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Palaos, Samoa (por lo que respecta al régimen fiscal perjudicial, también conocido como offshore business), Samoa Americana, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
A lo largo de los años, esta lista se ha reducido gracias a la firma de acuerdos específicos de intercambio de información y convenios para evitar la doble imposición con cláusulas de intercambio de información.
En el nuevo listado, no se incluyen países europeos que se consideran de baja tributación, como Luxemburgo, Países Bajos o Irlanda. Tampoco se menciona a Rusia, que ha cerrado cualquier tipo de intercambio de información debido a la guerra. Aunque se suele relacionar el uso de paraísos fiscales con el lujo y la riqueza, es más común de lo que se piensa.
Según un informe del observatorio de responsabilidad social corporativa de 2015, que se basó en datos de las cuentas anuales de las empresas, se determinó que las 35 compañías del Ibex-35 tenían presencia en paraísos fiscales y que sus filiales habían aumentado un 356% desde 2009. Un informe de Oxfam de 2019 también reveló que 27 empresas del Ibex tenían 740 filiales en estos territorios.
La Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) critica esta nueva lista al considerar que carece de una justificación clara. Señalan que antes, cuando un territorio salía de la lista de paraísos fiscales, se especificaba el motivo, que generalmente era la firma de un convenio de doble imposición o un acuerdo de intercambio de información.
Debido a que los nuevos criterios para incluir a los países en la lista de territorios no cooperativos son diferentes al simple intercambio de información, los Inspectores consideran que sería deseable que la nueva lista hubiera especificado los motivos por los cuales se excluyeron algunos territorios de la lista anterior, así como los criterios que motivaron la inclusión de otros territorios que no estaban en la lista anterior.
El plan de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS) de la OCDE contempla 15 acciones para luchar de manera coordinada contra el fraude y la planificación fiscal agresiva de las multinacionales. El objetivo es que estas corporaciones sean gravadas en el lugar donde realmente desarrollan su actividad y generan valor, evitando prácticas que permitan deslocalizar artificialmente los beneficios a territorios con menor tributación.
En sus informes, el FMI también menciona la existencia de territorios que se utilizan principalmente para canalizar la inversión hacia otros países, perdiendo así la fuente original de la inversión. Países como Luxemburgo, Países Bajos, Hong Kong, Suiza, Irlanda, Bermudas o Singapur son considerados los más agresivos en la atracción de inversión extranjera directa.
